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En caída libre

Virginia Jiménez, procuradora en las Cortes Regionales por el PSOE de Burgos

Para cualquier responsable político que se precie, las personas son el principal activo de un territorio. El recurso fundamental que puede marcar el progreso de un país, de una región, de una provincia o de una localidad son sus habitantes. Así, las políticas a adoptar deben necesariamente contemplar su impacto en términos demográficos.

De nada sirve el éxito de cualquier iniciativa si no se traduce en mayor calidad de vida. Y, a su vez, la consecución de esas condiciones de vida que aumentan el atractivo de residir en una localidad, en una provincia, en una región o en un país concreto, acaban por traducirse en una evolución demográfica positiva.

Eso es, precisamente, lo que sucede en Castilla y León desde hace años: las políticas llevadas a cabo por el Gobierno autonómico no sirven para convertir a esta Comunidad en un lugar atractivo para residir y para buscar empleo. O, al menos, la percepción de mucha gente indica esa falta de capacidad para atraer a nuevos pobladores y para evitar la marcha de otros muchos.

Solo en 2015, Castilla y León tuvo el lamentable privilegio de liderar el ránking de despoblación por comunidades autónomas, con una pérdida de 24.533 habitantes. Este descenso representa más de un tercio (exactamente un 36,4%) de la caída total de la población en España.

El último dato de población oficial del Padrón Continuo del Instituto Nacional de Estadística nos deja con 2.447.519 habitantes, casi un 1% menos que en el año anterior. Se han reducido tanto las cifras relativas a residentes españoles (18.030 menos que un año antes) como a extranjeros (6.503 menos).

En medio del desastre, Burgos pierde un 0,82% de la población, o lo que es lo mismo, 3.007 habitantes. Pero no, no es ningún consuelo comprobar que otros están peor, porque eso no minimiza los efectos derivados de la pésima evolución demográfica de nuestra provincia.

Si nos remontamos unos años atrás, resulta fácil comprobar que no nos hallamos, ni mucho menos, ante un problema coyuntural, sino de carácter estructural. Así, en 2009 Castilla y León contaba con 2.563.521 habitantes y desde entonces hemos asistido a un continuado proceso de descenso de la población, hasta llegar a un último dato estadístico que nos arroja a la cara la pérdida de 116.000 habitantes. ¿Y en la provincia de Burgos? Pues desde 2011 somos 15.000 residentes menos. Así que tampoco aquí cabe el consuelo, aunque el mal sea menor.

Y mientras tanto, ¿qué hace el Gobierno Regional del PP? ¿Qué medidas contempla para paliar esta constante pérdida de población? ¿Qué actuaciones lleva a cabo para frenar el proceso de envejecimiento demográfico? ¿Qué soluciones aporta para evitar que nuestros jóvenes huyan a otras regiones o fuera de España tras finalizar sus estudios en busca de las oportunidades laborales que en su comunidad autónoma se les niegan? La respuesta, nada. O quizá, menos que nada. Porque es duro ver cómo año tras año seguimos perdiendo población, pero es mucho más grave asistir a las intervenciones triunfalistas de los líderes regionales del PP, a la absoluta negación de la realidad, a la huida hacia ninguna parte para ignorar el que seguramente constituye el principal problema de nuestra comunidad autónoma y, en definitiva, el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de Castilla y León.

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