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El IVA de ida y vuelta de Montoro a la Justicia

Sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. GIT/

Luis Briones (procurador socialista en la Cortes de Castilla y León)

Una vez más, el señor Montoro y el Partido Popular -en su afán recaudatorio y de recortes presupuestarios a los más necesitados- han intentado eliminar un servicio público esencial para garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva y, para ello, querían obligar a pagar el 21% IVA a los abogados y procuradores que trabajan en el turno de oficio, de modo que un servicio obligatorio que se presta a los beneficiarios de la justicia gratuita, por el que los profesionales de la justicia que lo ejercen perciben cantidades absolutamente ridículas, además iba a ser gravado por un impuesto que se llevaría el 21%. Este cambio hacía insostenible seguir ofreciendo esta cobertura, a riesgo de poner dinero de sus bolsillos.

El PSOE ha sido el único partido que ha mostrado su rechazo frontal y urgente a tan injusta medida del Ministerio de Hacienda y reclamó mediante varias iniciativas parlamentarias que se anulara y volvieran a considerarse estos servicios no sujetos al IVA. En este sentido, el portavoz de Justicia del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Campo, se reunió con el Consejo General de la Abogacía y, en contacto permanente con los representantes de la Abogacía española, se comprometió a seguir haciendo gestiones parlamentarias y políticas para solucionar este problema.

Así, el Grupo Socialista presentó en la Cámara Baja una proposición no de ley (PNL) el 8 de febrero y el día 15, en la sesión de control al Gobierno, la compañera Soraya Rodríguez exigió al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que rectificara esa decisión.

En las Cortes de Castilla y León, se presentó también en la segunda fecha mencionada una PNL firmada por el portavoz autonómico del PSOE, Luis Tudanca, en la que se instaba a la Junta a que exija al Gobierno que se respalde al Turno de Oficio y al Derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita dotándolo de los medios económicos y personales adecuados para su plena vigencia y efectividad, y que se lleve a cabo de manera inmediata las actuaciones necesarias para que los servicios prestados a los beneficiarios del derecho a la asistencia jurídica gratuita continúen exentos del IVA.

Todo el trabajo realizado en todos los frentes por nuestro partido en defensa de los más necesitados, también en materia de justicia, ha dado sus frutos y al Partido Popular no le ha quedado más remedio que ‘recular’ ante tan injusta medida y llegar a un acuerdo con el PSOE, para impulsar una modificación legislativa urgente para que los servicios prestados por los abogados y procuradores del turno de oficio a los beneficiarios de la asistencia jurídica gratuita vuelvan a ser considerados como actividades no sujetas al impuesto.

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