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Presupuesto para la Consejería de Presidencia, presupuesto inservible

El presupuesto de Presidencia alcanza en el capítulo de gastos la cantidad de 121.954.374 euros para el  año 2017. A pesar del importante peso político que tiene la Consejería,  el  peso en el presupuesto de este año es muy pequeño; y no ha incrementado un solo euro para la lucha contra la corrupción, son escasas la partidas para la Cooperación Local, no se han modernizado ni mejorado las condiciones de los empleados públicos, y la propuesta de Ordenación del Territorio sigue sin convencer a nuestros alcaldes y concejales.

En cuanto a la transparencia y regeneración democrática, a pesar de algunos avances en las  reformas en lo que va de legislatura en ambas materias, creemos que estas siguen siendo claramente  insuficientes. Ni la Ley 3/2016, de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, ni la Ley 2/2016, de 11 de noviembre, la llamada “Ley del Chivato”, han dado respuesta a los escándalos de corrupción que están afectando al Partido Popular en España y Castilla y León (Trama Eólica, la “Perla Negra”, la “Gürtel”, la “Púnica “y, más recientemente, la “Operación Lezo”) dañando seriamente a la credibilidad de las instituciones, y no hay agenda de medidas para la regeneración que anunció el presidente Herrera, aparte de decir públicamente que estos casos de corrupción” les repugnan y les dan asco”.

Es necesario que se reclame el cumplimiento de las condiciones acordadas en el Pacto sobre la Justicia al Estado. Lamentablemente nuestra comunidad autónoma no tiene transferidas las competencias de Justicia, y son muchas las necesidades materiales y personales que se están reclamando para nuestras ciudades y pueblos, para tener una justicia de proximidad, y tener  derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales.

En cuanto a la cooperación local, crece este año un 4,78%, respecto al 2016, pero tiene una deuda acumulada respecto del sexenio 2011-2017, del porcentaje del 36,77%, y es que en los últimos años las entidades locales han sido los paganos de  sus políticas fiscales, tributarias y escasa financiación, por un lado por las políticas procedentes del  Estado al caer radicalmente la financiación a las diputaciones y ayuntamientos y las de la propia Junta.

En cuanto a la función pública, este grupo parlamentario considera que ha llegado el momento de dar un paso más para que todos los empleados públicos vuelvan a la situación preexistente a la crisis y vean compensados los esfuerzos que sin duda han realizado en los últimos años y que todas las iniciativas que vayan en esa dirección, empezando por una subida salarial que supere claramente el 1% previsto.

En lo relativo a la ordenación del territorio, el Proyecto de Ley por el que se aprueba el mapa de Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio es un proyecto muy importante para Castilla y León, pero ha de cambiar sustancialmente, pues ha de garantizar la autonomía municipal y adecuada financiación de las zonas rurales, para que sea apoyado por nuestro grupo parlamentario, tal y como nos ha pedido nuestro Consejo de Alcaldes, ya que en otro caso, estaremos en contra, pues el objetivo fundamental que ha de perseguir, entre otros, es el dar una solución definitiva al grave problema de la despoblación que padece nuestra Comunidad.

En definitiva, este proyecto de presupuestos no sirve para superar alguno de los problemas endémicos que tiene nuestra región, como la despoblación, la escasa financiación de las zonas rurales y la escasez de servicios que se les presta, y tampoco sirve para marcar prioridades en materia de transparencia, calidad democrática y lucha contra la corrupción.

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